Ernesto Villanueva (*)
México. D. F.
En México toda experiencia extranjera utilizada como herramienta de mejora, en este caso de los agentes del orden, la tropicalizamos y hacemos de un buen ejemplo, una práctica con muchas oportunidades de mejora. Hoy se trata del denominado control de confianza que se quiere hacer ver cómo una especie de “certificación” o “reconocimiento” de que los cuerpos de seguridad mexicanos están mejor que antes. Eso no necesariamente sucede así. Veamos.
Primero. Los exámenes de control de confianza son un conjunto de pruebas médicas, psicológicas y de aptitud. En los países democráticos esos exámenes son realizados con parámetros en común para buscar más o menos los mismos resultados, por expertos sujetos a su vez a exámenes periódicos y no constituyen una herramienta única, sino parte de un todo que genera la “certificación”.
Para obtener el reconocimiento de referencia se requiere, además, de criterios puntuales para resolver conflictos de interés, incompatibilidades, regulaciones para traslado de pruebas, garantías de seguridad jurídica para los agentes del orden y 440 rubros más aproximadamente, que incluyen lo que se llama la auditoría legal para mejorar el sistema normativo de las secretarías de seguridad pública y de las procuradurías de justicia, lo que en México, por cierto no existe, sino de manera excepcional y con problemas de concepción como fue el caso de Chihuahua o el mejor trabajo hecho por la Secretaría de Seguridad Pública de Mexicali, Baja California.
En los demás casos incorrectamente se utiliza el mal aplicado examen de control de confianza como sinónimo de “certificación” aprovechando el desconocimiento poblacional y la necesidad de seguridad psicológica de los más amplios sectores de la comunidad.
Segundo. Sostengo que los exámenes de control de confianza son inadecuados en México por las siguientes razones: a) El personal que los practica casi en todos los casos carecen del doctorado en su respectiva área de conocimiento; b) El Personal que se encarga carece de obra académica arbitrada y publicada por editoriales de reconocido prestigio; c) El personal encargado es nombrado y removido libremente por la propia autoridad a la que rinde cuentas la Secretaría de Seguridad Pública o Procuraduría General de Justicia en última instancia; en otras palabras son juez y parte; d) No hay criterios objetivables y transparentes de qué es lo que se busca con los exámenes y qué herramientas se utilizan para el efecto; e) El personal que aplica los exámenes no son objeto a su vez de exámenes de control de confianza por entidades expertas e independientes.
Esto en su conjunto lo que genera es un círculo vicioso que aporta nuevos instrumentos para la corrupción y la simulación. De esta suerte, un agente del orden que no le entre con su mochada puede reprobar los exámenes y, por el contrario, agentes del orden con las más altas calificaciones de corrupción pasa con honores los exámenes de referencia.
Tercero. Hay un principio básico que sostiene que a mayor importancia social mayor costo económico por actos de corrupción. Por ejemplo si deseo obtener una cédula profesional de médico hecha por las propias instituciones médicas y la SEP, donde aparece en la base de datos de la Dirección General de Profesiones, tendrá un costo mayor que una cédula profesional de médico hecha con los mismos materiales físicos, pero sin que obre en los registros de la SEP.
El examen de control de confianza ha incrementado sus costos en el mercado de la corrupción incentivado de mala o buena fe por las autoridades. Se han convertido en un “fetiche”. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua “fetiche” significa “ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos.
Por lo anterior, las “certificaciones” incluidos los exámenes de control de confianza deberían hacerse por una institución independiente que cuente con todos los recursos humanos y materiales como la UNAM, que podría crear un equipo interdisciplinar rotativo junto a las principales instituciones universitarias del país, todos con doctorado, miembros del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y obra publicada en sus áreas de especialidad. Incluso así no se garantizaría la muerte de la corrupción, pero estoy seguro que sería mucho menor que ahora.
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
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